La Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para la economía circular, especificaba la necesidad de elaborar un censo por parte de cada Ayuntamiento de las instalaciones y emplazamientos en las que existan materiales con amianto.

Es por esto, que la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud ha publicado un documento llamado Directrices para la Retirada del Amianto Instalado dirigida a los Ayuntamientos para ayudarles en la elaboración del censo municipal del amianto.

La elaboración de este censo se realizará mediante tareas de localización e identificación del amianto que podrá ser realizada por personal interno de los Ayuntamientos o por terceros. En ocasiones, para la identificación del material bastará con una inspección visual o examen de la documentación recopilada, pero en otras ocasiones será necesaria la intervención sobre los materiales sospechosos de contener amianto para su análisis mediante una metodología fiable. Una vez completado este proceso de diagnóstico, se estudiará y decidirá acerca de la prioridad de la retirada del amianto con la elaboración de un calendario donde se planifique dicha actuación.

Cabe recordar que la utilización del amianto está prohibida desde 2002 y para su retirada es obligatorio cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Real Decreto 396/2006 de 31 marzo.